Fieles católicos y hombres de buena voluntad:
Veritas liberabit vos.
Jn 8, 32
En un momento de grave crisis, nosotros, Pastores de la Iglesia
Católica, en virtud de nuestro mandato, consideramos nuestro deber
sagrado dirigir un llamamiento a nuestros hermanos en el episcopado, al
clero, a los religiosos, al pueblo santo de Dios y a todos los hombres
de buena voluntad. Esta apelación también está firmada por
intelectuales, médicos, abogados, periodistas y profesionales que están
de acuerdo con su contenido, y está abierta a la suscripción de todos
los que lo deseen.
Los hechos demostraron que, bajo el pretexto de la epidemia de COVID-19,
en muchos casos, se violaron los derechos inalienables de los
ciudadanos, limitando desproporcionada e injustificadamente sus
libertades fundamentales, incluido el ejercicio de sus derechos,
libertad de culto, expresión y movimiento. La salud pública no debe ni
puede convertirse en una coartada para ignorar los derechos de millones
de personas en todo el mundo, y mucho menos para que la Autoridad Civil
descuide su deber de actuar sabiamente por el bien común. Esto es aún
más cierto a medida que crecen las dudas, planteadas por diferentes
partes, sobre el contagio efectivo, el peligro y la resistencia del
virus: muchas voces autorizadas del mundo de la ciencia y la medicina
confirman que el alarmismo sobre COVID-19, por parte de de los medios de
comunicación, no parece estar absolutamente justificado.
Tenemos razones para creer, con base en datos oficiales sobre la
incidencia de la epidemia en el número de muertes, que hay poderes
interesados en crear pánico entre la población con el único objetivo
de imponer permanentemente formas inaceptables de limitación de
libertades, de controlar a las personas, de rastrear sus viajes. Estos
métodos de imposición arbitraria son un preludio inquietante para la
creación de un gobierno mundial libre de cualquier control.
También creemos que, en algunas situaciones, las medidas de
contención adoptadas, incluido el cierre de actividades comerciales,
determinaron una crisis que postró a sectores enteros de la economía,
favoreciendo la interferencia de potencias extranjeras, con graves
repercusiones sociales y políticas.
Quienes tienen responsabilidades gubernamentales deben evitar estas
formas de ingeniería social, tomando medidas para proteger a sus
ciudadanos, de quienes son representantes, y en cuyo interés tienen la
obligación de actuar. Asimismo, ayúdese a la familia, la célula de la
sociedad, evitando penalizar injustificadamente a los débiles y a los
ancianos, obligándolos a separarse dolorosamente de sus seres queridos.
La criminalización de las relaciones personales y sociales también debe
verse como una parte inaceptable del plan de quienes promueven el
aislamiento de las personas, a fin de manipularlas y controlarlas mejor.
Pedimos a la comunidad científica que garantice que los tratamientos
para COVID-19 se promuevan honestamente para el bien común, evitando
escrupulosamente los intereses perversos de influir en las elecciones de
los gobiernos y las organizaciones internacionales. No es razonable
penalizar los medicamentos que han demostrado ser efectivos,
generalmente de bajo costo, simplemente porque está destinado a
favorecer tratamientos o vacunas que no son igualmente válidos, pero que
garantizan a las compañías farmacéuticas ganancias mucho mayores,
aumentando los gastos de salud pública. También recordamos, como
Pastores, que, para los católicos, es moralmente inaceptable tomar
vacunas en las que se usa material de fetos abortados.
Del mismo modo, pedimos a los gobernadores que estén atentos para
evitar estrictamente las formas de control ciudadano, ya sea a través de
sistemas de rastreo o cualquier otra forma de ubicación: la lucha
contra COVID-19, por grave que sea, no debería ser el pretexto para
favorecer intenciones poco claras por parte de entidades supranacionales
que tienen intereses comerciales y políticos muy fuertes en esta área.
En particular, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de rechazar
estas limitaciones a la libertad personal, sin imponer ninguna forma de
sanción a quienes no tengan la intención de usar vacunas, métodos de
detección y cualquier otro instrumento similar.
Considere también la obvia contradicción que enfrentan quienes adoptan
políticas de reducción drástica de la población y, al mismo tiempo, se
presentan como salvadores de la humanidad sin tener ninguna legitimidad,
ya sea política o social. Finalmente, la responsabilidad política de
quienes representan a las personas no puede confiarse a técnicos que
incluso reclaman para sí formas de inmunidad criminal que son al menos
inquietantes.
Instamos firmemente a los medios a que se esfuercen activamente por
obtener información precisa que no penalice el desacuerdo, utilizando
formas de censura, como está sucediendo ampliamente en las redes
sociales, en la prensa y en la televisión. La precisión de la
información requiere que se dé espacio a las voces que no están
alineadas con el pensamiento único, lo que permite a los ciudadanos
evaluar conscientemente la realidad, sin ser fuertemente influenciados
por intervenciones parciales. Una confrontación democrática y honesta es
el mejor antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de
dictadura, probablemente peor que las que nuestra sociedad ha visto
nacer y morir en el pasado reciente.
Finalmente, recordamos como Pastores responsables del rebaño de
Cristo, que la Iglesia exige firmemente su propia autonomía en el
gobierno, en la adoración, en la predicación. Esta autonomía y libertad
es un derecho de nacimiento que Nuestro Señor Jesucristo le ha otorgado
para la consecución de sus propios propósitos.
Por esta razón, como Pastores, exigimos firmemente el derecho a decidir
de manera autónoma sobre la celebración de la Misa y los Sacramentos,
así como también pretendemos una autonomía absoluta en los asuntos que
están dentro de nuestra jurisdicción inmediata, como las normas
litúrgicas y los métodos de administración de la Comunión y Sacramentos.
El Estado no tiene derecho a interferir, por ningún motivo, en la
soberanía de la Iglesia.
La colaboración de la Autoridad Eclesiástica, que nunca fue negada, no
puede implicar, por parte de la Autoridad Civil, formas de prohibición o
limitación del culto público o el ministerio sacerdotal. Los derechos
de Dios y de los fieles son la ley suprema de la Iglesia, que la Iglesia
no tiene la intención, ni puede derogar. Pedimos que se eliminen las
limitaciones en la celebración pública de los servicios religiosos.
Invitamos a las personas de buena voluntad a no eludir su deber de
cooperar por el bien común, cada uno de acuerdo con su propio estado y
posibilidades y en un espíritu de caridad fraterna. Tal cooperación,
deseada por la Iglesia, no puede, sin embargo, prescindir del respeto a
la ley natural, ni a la garantía de las libertades de los individuos.
Los deberes civiles, a los que están obligados los ciudadanos, implican
el reconocimiento por parte del Estado de sus derechos.
Todos estamos llamados a una evaluación, consistente con la enseñanza
del Evangelio, de los hechos presentes. Esto implica una elección de
campo: ya sea con Cristo o contra Cristo. No nos dejemos intimidar ni
asustar por quienes nos hacen creer que somos una minoría: el Bien está
mucho más extendido y es más poderoso de lo que el mundo quiere que
creamos. Estamos luchando contra un enemigo invisible, que separa a los
ciudadanos unos de otros, los hijos de los padres, los nietos de los
abuelos, los fieles de sus pastores, los estudiantes de los maestros,
los clientes de los vendedores. No permitamos que, bajo el pretexto de
un virus, se borren siglos de civilización cristiana, inculcando una
odiosa tiranía tecnológica en la que las personas sin nombre y sin
rostro pueden decidir el destino del mundo, confinándonos a una realidad
virtual. Si este es el plan al que deben inclinarse los poderosos de la
tierra, sepan que Jesucristo, Rey y Señor de la Historia, ha prometido
que “las puertas del Abismo no pueden hacer nada” (Mt 16:18).
Encomendamos a los Gobernadores y a los que gobiernan el destino de
las Naciones al Dios Todopoderoso, para iluminarlos y guiarlos en estos
momentos de gran crisis. Recuerden que, al igual que a nosotros, los
Pastores, que el Señor juzgará por el rebaño que nos ha confiado,
también juzgará a los gobernadores por las personas que tienen el deber
de defender y gobernar. Pidamos al Señor con fe que proteja a la Iglesia
y al mundo. Que la Santísima Virgen –ayuda de los cristianos– pueda
aplastar la cabeza de la antigua serpiente y derrotar los planes de los
hijos de la oscuridad.
8 de Mayo de 2020,
Santísima Virgen del Rosario de Pompeya.
• Prelados y Sacerdotes:
Mons. Carlo Maria Viganò, Arzobispo, Nuncio Apostólico
Joseph Zen Ze-kiun cd, obispo emérito de Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Arzobispo emérito de Riga
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefecto emérito de la Congregación de la Doctrina de la Fe
Mons. Luigi Negri, Arzobispo emérito de Ferrara-Comacchio
Monseñor Joseph Strickland, obispo de Tyler, Texas
Mons. Thomas Peta, Arzobispo Metropolitano de Astaná
Mons. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana
Mons. Jan Pawel Lenga, arzobispo emérito de Karaganda
Mons. René Henry Gracida, obispo emérito del Corpus Christi
Mons. Andreas Laun, obispo auxiliar de Salzburgo
Monseñor Robert Muetsaerts, obispo auxiliar de Den Bosch
(...)
https://canal7salta.com/2020/06/08/llamamiento-a-la-iglesia-y-al-mundo/